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CONTEXTO GENERAL
El comienzo del año quedó marcado por el homicidio de David Kato, destacado defensor de los derechos humanos ugandés que trabajaba por los derechos de personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), asesinado en su domicilio en enero del 2011. El asesino fue finalmente sentenciado en noviembre de 2011 a 30 años de prisión. Después del ataque contra Kato se dio un deterioro de la situación de seguridad de las defensoras y los defensores de personas LGBTI en Uganda, que vieron sus nombres y fotografías reiteradamente publicadas junto con amenazas en los medios. La denominada Ley Anti Homosexualidad, que había quedado pendiente de adopción en el 2010, no se volvió a proponer después de las elecciones generales de febrero de 2011. Mientras que en Uganda la violencia contra defensoras y defensores de los derechos LGBTI alcanzaba su momento más alto, también se denunciaron numerosos casos de hostigamiento en Camerún, Etiopía y Malawi. Los ecos de la “Primavera Árabe” llegaron, para bien y para mal, a varios países africanos. Alimentadas por los altos precios de las materias primas o por exigencias de buena gobernanza y democracia, las protestas estallaron en Angola, Malawi (ver recuadro), Suazilandia y Uganda, entre otros países. En este último, la policía reprimió con brutalidad las protestas en forma de marchas pacíficas a pié para ir al trabajo, que habían sido iniciadas por la oposición en abril, ante el aumento del precio de los combustibles. Esto provocó una escalada progresiva de violencia que desembocó en enfrentamientos y disturbios, que dejaron un saldo de por lo menos cinco muertos. En ocasiones, los gobiernos actuaron de forma preventiva. En Zimbabwe en el mes de febrero, 46 personas, entre ellos sindicalistas, activistas estudiantiles y políticos, fueron arrestadas y acusadas de traición por mirar videos de las protestas en Túnez y Egipto. Si bien las acusaciones fueron anuladas en la mayoría de los casos, seis de ellos están siendo juzgados al momento de redactar estas líneas, acusados de conspirar en la incitación y promoción de violencia pública. Durante todo el año se han sucedido numerosos arrestos de DDH y se han impedido reuniones y protestas de la sociedad civil. El 2011 fue testigo de un aumento de los ataques en los domicilios o las oficinas de DDH. Front Line Defenders denunció casos en la RDC, Malawi, Sierra Leona, Sudáfrica y Zimbabwe, que incluían presuntas visitas de funcionarios de seguridad encubiertos a las oficinas de una ONG, la confiscación ilegal por la policía del edifico que albergaba una ONG, allanamientos, robo o destrucción de equipamiento y documentos. En uno de los casos, el guardia de seguridad de una ONG fue atacado durante un allanamiento y forzado a revelar información sobre el domicilio personal del director de esa organización. El hostigamiento judicial contra DDH siguió siendo un patrón extendido en toda la región y una de las violaciones contra DDH más habituales, solo superada por las amenazas. Se han denunciado amenazas de posibles acusaciones criminales, citatorios, intimidación por las autoridades judiciales, incluyendo la fiscalía, acusaciones fabricadas y juicios injustos en Burundi, Congo, Gambia, Guinea, Mauritania, Nigeria, Ruanda, Tanzania y Zimbabwe. En Burundi, DDH y periodistas fueron citados en reiteradas ocasiones para ser interrogados por la fiscalía. En la mayoría de los casos, los citatorios tenían relación con la campaña en curso pidiendo justicia por Ernest Manirumwa, defensor asesinado en 2009, o con haber expuesto situaciones de derechos humanos o informado sobre la oposición. Una importante ONG recibió por lo menos 28 citatorios en los últimos años, mientras que un reportero de Radio Publique Africaine (RPA) fue citado para interrogatorios siete veces entre julio y principios de noviembre. Durante el año, se realizaron elecciones en varios países de África. Las celebradas en la RDC, Gambia y Uganda impactaron especialmente en la seguridad de DDH y periodistas. En la RDC, muchos grupos de derechos humanos denunciaron haber sido sometidos a una intensa vigilancia en el período previo a las elecciones. Quienes participaron en el monitoreo electoral o denunciaron irregularidades fueron objeto de intimidación. En Gambia, numerosos periodistas fueron intimidados y, en algunos casos, arrestados por informar sobre los mítines de la oposición. Varias estaciones de radio recibieron órdenes de no informar sobre la oposición. En Costa de Marfil, DDH y periodistas fueron victimizados durante los choques posteriores a las disputadas elecciones de 2010. Varias defensoras y defensores se vieron forzados a ocultarse o a huir, especialmente durante los primeros meses del año. Ambas partes del conflicto utilizaron los medios de comunicación para amenazar e intimidar a DDH. La situación sigue siendo muy grave en los países atravesados por conflictos, como es el caso de Somalia y Sudán. DDH y periodistas continúan trabajando en situaciones muy precarias, y muchos han debido huir del país o mudarse a otra región dentro del mismo, para no sufrir las represalias por denunciar los abusos cotidianos. En Sudán, continúa el conflicto armado en Darfur y el gobierno ha lanzado ataques contra los opositores en los estados de Kordofán del Sur y Nilo Azul después de la independencia de Sudán del Sur. Entre las medidas represivas se cuenta el arresto arbitrario de defensoras y defensores de los derechos humanos. Numerosos actos de hostigamiento contra DDH que trabajan contra la esclavitud y el trabajo forzado fueron denunciados en Mauritania y Ghana. Quince DDH mauritanos fueron sentenciados en enero y agosto, acusados de agredir a un policía, llevar a cabo una protesta no autorizada e integrar una organización no registrada. El arresto y juicio ocurrieron en conexión con las sentadas organizadas frente a la estación de la policía como protesta por la inacción de ésta en casos de esclavitud. Las autoridades continúan negándose a inscribir su organización, IRA-Mauritania. En Ghana, un defensor de los derechos humanos fue víctima de reiteradas amenazas e intentos de secuestro de sus familiares en relación con su labor contra el trabajo forzado infantil.
Las elecciones afectaron tanto a DDH como a periodistas en Burundi, Costa de Marfil, Etiopía, Ruanda y Sudán. En Ruanda, las elecciones presidenciales realizadas en agosto de 2010, fueron precedidas por una ofensiva sobre la oposición política, los consorcios de medios de comunicación y los/as defensores/as de los derechos humanos. Alrededor de 30 medios de comunicación fueron cerrados, un periodista, asesinado, tres, sentenciados a prisión, otros tres arrestados, dos, huyeron, y un grupo internacional fue expulsado del país. En Burundi, por lo menos cuatro periodistas fueron arrestados y uno de ellos permanece detenido sin juicio, aunque ya han pasado ocho meses desde su arresto en el mes de julio. Varios integrantes de grupos locales de derechos humanos recibieron amenazas y fueron puestos bajo vigilancia, y retiraron el permiso para operar al personal de una agrupación internacional.
El proceso de reforma constitucional provocó una mayor inseguridad para los/as defensores/as en Zimbabwe, donde el hostigamiento volvió a crecer, especialmente en la primera mitad de 2010. Front Line informó sobre siete organizaciones que han visto a varios de sus integrantes arrestados/as o amenazados/as durante un período de cuatro semanas en febrero. Durante el año, varias otras ONG vieron como sus integrantes eran hostigados/as, intimidados/as, detenidos/as, procesados/as o se allanaban sus oficinas. Farai Maguwu, del Centro Mutare de Investigación y Desarrollo (Mutare Centre for Research and Development) fue arrestado en el mes de junio y llevado a juicio por causa de su labor de documentación de la participación del ejército en operaciones mineras ilegales.
Tal vez una de las categorías que sufre el asedio de forma sistemática en la mayoría de los países de la región sea el periodismo. Front Line ha denunciado casos de represalias por dar a conocer su preocupación por la situación de derechos humanos en Burundi, Camerún, Kenia y Uganda. En Camerún, el asedio a periodistas aumentó en el 2010. Cinco reporteros de Le Messager, Le Devoir, Cameroun Exprés, Bebela y La Nation fueron arrestados en el mes de febrero. Uno de ellos fue víctima de torturas como “el submarino”, privación de sueño, exposición al frío y golpes en las plantas de los pies. Otro periodista, Germain Ngota Ngota murió en prisión, en circunstancias que nunca se aclararon. Otros seis reporteros fueron juzgados por informar sobre violaciones a los derechos humanos, juicios injustos, corrupción y malversación de fondos públicos.
En Burundi, Camerún, Gabón, Kenia, Tanzania y Uganda, los/as DDH que trabajan por los derechos económicos, sociales y culturales son víctimas de hostigamiento y ataques. Los/as sindicalistas, quienes monitorean casos de corrupción, buena gobernanza y el manejo de los recursos naturales resultaron particularmente vulnerables. En Tanzania, los/as defensores/as que defienden los derechos de las comunidades de pastores que fueron desalojadas ilegalmente de sus tierras ancestrales sufrieron hostigamiento, intimidación y amenazas.
Defender los derechos de las personas LGBTI sigue siendo una tarea riesgosa en muchos países, entre ellos la RDC, Kenia, Malawi, Ruanda, Uganda y Zimbabwe. En la RDC, un nuevo proyecto de ley que criminaliza la homosexualidad fue presentado al parlamento en octubre. En Uganda, grupos religiosos y sectores de los medios de comunicación que apoyaban el proyecto de ley de 2009 siguen trabajando contra los/as defensores/as de los derechos de personas LGBTI, entre otras formas a través de la publicación de fotografías y nombres de dichos/as defensores/as. De esta manera aumentaron los ataques y, como consecuencia, David Kato, destacado DDH, fue asesinado en enero de 2011. Varios DDH de personas LGBTI fueron agredidas, sus hogares intrusados o resultaron desalojados de sus viviendas.
En Kenia, la situación ha mejorado después de la ola de violencia que debieron soportar los/as DDH en el 2009. Sin embargo, continúan el hostigamiento y la intimidación. En el mes de abril, un integrante de Libertad a los Presos Políticos (Release Political Prisoners – RPP) fue arrestado de modo arbitrario, sometido a serios maltratos e interrogado sobre la labor que desarrolla RPP en materia de ejecuciones extrajudiciales, la operación militar Mt. Elgon y si habían provisto información a la ONU. Las investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la violencia posterior a las elecciones podría desatar más represalias contra los/as DDH debido a su papel en la documentación de violaciones, especialmente después del requerimiento judicial de la CPI de diciembre de 2010.
El año pasado informamos sobre la nueva legislación aprobada en Etiopía que restringe el espacio para desarrollar una labor independiente en materia de derechos humanos. El sistema implementado resultó ser muy efectivo: muchos grupos no se volvieron a inscribir como organizaciones de derechos humanos. Un número significativo de DDH huyó del país por temor a ser arrestados o agredidos. Los pocos grupos de derechos humanos que permanecieron han debido recortar drásticamente sus actividades y presencia en el terreno, lo que afectó en gran medida su capacidad para documentar y denunciar violaciones de los derechos humanos.
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ENLACES
- BAOBAB for Women's Human Rights (Nigeria)
- Campaign for Good Governance (Sierra Leona)
- The Botswana Centre for Human Rights
- Heritiers de la Justice (República Democrática del Congo)
- Institute for Democracy in South Africa
- La Voix des Sans-Voix pour les Droits de l'homme (VSV) (República Democrática del Congo)
- Ligue Burundaise dew Droits de l’Homme (ITEKA)
- Rencontre Africaine Pour la Défense des Droits de l'Homme (RADDHO) (Senegal)
- Union InterAfricain des Droits de l’Homme (UIDH)
- Zimbabwe Human Rights NGO Forum
- Kenya National Commission on Human Rights













