Las Américas
CONTEXTO GENERAL
El 2011 trajo muy poco respiro a las defensoras y defensores de los derechos humanos en riesgo en Latinoamérica, quienes continúan denunciando amenazas de muerte, vigilancia, hostigamiento de miembros de sus familias, allanamientos en oficinas y hogares, y ataques violentos, entre los que se incluyen desapariciones forzadas y asesinatos. También enfrentan el constante problema de tener que establecer o defender su legitimidad y la de la tarea pacífica que desarrollan. La criminalización y estigmatización están en aumento. Funcionarios del gobierno, medios de comunicación y otros actores no estatales (como las corporaciones transnacionales) han coordinado campañas para desacreditar o vilipendiar las actividades de DDH, muchas veces acompañadas de acusaciones penales sin fundamento. Muchas defensoras y defensores continúan trabajando por la verdad, la justicia y la reconciliación para las víctimas de crímenes del pasado. Si bien en muchos países los perpetradores fueron juzgados y se crearon comisiones por la verdad, las relaciones entre DDH que brindan asistencia legal a las víctimas y sus gobiernos, viejos o nuevos, fueron a menudo tensas. En Guatemala, causa preocupación que se haya elegido presidente a un candidato que fue general durante la guerra civil. En Colombia, pese al cambio en el discurso de la nueva presidencia en relación a las defensoras y defensores de los derechos humanos, y pese al desmantelamiento del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) tras el serio escándalo del que fue protagonista, poco ha cambiado en lo referido a la seguridad de las defensoras y defensores, y prosiguen las denuncias de ataques sistemáticos. Honduras todavía no se ha recobrado del golpe de estado de 2009, y la impunidad y el uso excesivo de la fuerza siguen siendo la mayor causa de peligro para DDH. Muchos defensores y defensoras fueron asesinados porque su labor es percibida como una amenaza contra los intereses de algunos. En 2011, Front Line Defenders denunció el asesinato de 11 DDH e integrantes de sus familias en Brasil, El Salvador, Guatemala y Honduras. En Brasil, Sebastião Bezerra da Silva fue asesinado en febrero por su labor sobre ejecuciones extrajudiciales; Adelino ‘Dinho’ Ramos, activista por el derecho a la tierra, José Cláudio Ribeiros da Silva, ambientalista, y su esposa, fueron asesinados en mayo; Joao Chupel Primo, ambientalista y líder comunitario, fue asesinado en octubre. En El Salvador, Juan Francisco Duran Ayala, quien trabajaba sobre los riesgos de la contaminación ambiental por cianuro producto de la explotación de minas de oro, fue asesinado en el mes de junio. El mismo mes, María Margarita Chub Che, lideresa comunitaria, fue asesinada por su labor contra desalojos ilegales en Guatemala. En Honduras, Héctor Francisco Medina Polanco, periodista, fue asesinado en el mes de mayo, y en agosto, Secundino Ruiz, Pedro Salgado y su esposa, Reina Mejía, también fueron víctimas. Se registró también un aumento en el número de homicidios en Colombia. La impunidad en estos asesinatos y en casos previos siguió dominando. Las autoridades han faltado a su obligación de proteger a los testigos. En México, un testigo clave del homicidio de Marisela Escobedo Ortíz (diciembre de 2010) fue asesinado a tiros en su domicilio en Ciudad Juárez, Chihuahua, juntos a dos miembros de su familia, poco antes de la fecha en que debía comparecer en la corte, en marzo. Las defensoras y defensores han sobrevivido a agresiones físicas en toda la región. El año abrió y cerró con dos ataques brutales: en enero, un defensor hondureño fue secuestrado y torturado por un grupo de individuos no identificados, de los que luego pudo escapar. Había estado defendiendo activamente los derechos de los campesinos en la región de Aguán. En diciembre, una mujer defensora recibió cinco disparos en Ciudad Juárez como consecuencia de su trabajo de lucha por la justicia para las víctimas de feminicidio y sus familiares, en el estado de Chihuahua, México. Los hogares y oficinas de las defensoras y defensores también fueron atacados. En 2011 se conocieron denuncias por allanamientos en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y México, en los que se robó información sensible y confidencial sobre violaciones a los derechos humanos y se dañó equipamiento. En Colombia, en el mes de noviembre, en un ataque especialmente despiadado, la señora Jackeline Rojas Castañeda, nominada al premio Front Line Defenders, fue amarrada, amordazada y su hija encañonada con un arma en la cabeza, durante un allanamiento en su hogar. Los atacantes preguntaron por el paradero del hijo y el esposo de la defensora, robaron dos ordenadores portátiles, memorias externas, teléfonos móviles y documentación. En México, en el mes de febrero, el domicilio de una mujer defensora fue incendiado mientras ella asistía a una huelga de hambre y protesta frente a las oficinas del Fiscal General del Estado de Chihuahua, en Juárez. También se dieron varios casos en los que el sistema de justicia penal fue utilizado contra DDH para impedirles realizar su tarea. Se denunciaron casos de juicios injustos y acusaciones fabricadas en Colombia, Ecuador, Honduras, México y Perú. Estinaldo Quispe Mego, defensor peruano, fue sentenciado a cuatro años de prisión, acusado de dos cargos de usurpación de cargo público en relación con dos disputas de límites distintas en las que actuó como intermediario. En Ecuador, se formuló una denuncia contra dos defensores de derechos humanos relacionándolos con la desaparición de un aviso sobre una reunión de la comunidad, alegando que eran ellos quienes se oponían a la operación de una compañía minera en el área. Defensoras y defensores de los derechos humanos fueron víctimas de campañas de difamación o etiquetados como terroristas o rebeldes en Colombia, Honduras y Venezuela. En este último, el Director de una ONG que trabaja sobre las condiciones en las cárceles fue difamado por varios medios, después de que el gobierno lo acusara de instigar actos de violencia en las prisiones. En Colombia, DDH fueron acusados públicamente de ser cómplices o simpatizar con grupos armados, a la vez que continuaban recibiendo amenazas de esos mismos grupos armados y estructuras paramilitares, lo que los ponía en serio riesgo de ser atacados desde ambos lados. En octubre, se renovaron las antiguas acusaciones contra Príncipe Gabriel González, que había sido arrestado por rebelión y asociación el grupo armado FARC. En Honduras, donde Miriam Miranda Chamorro fue arrestada en marzo acusada de sedición y luego liberada provisionalmente, se aplicaron leyes de seguridad pública.
En Argentina, mientras continúan las audiencias de los juicios contra ex funcionarios de las juntas militares por crímenes de lesa humanidad, los grupos de abogados de derechos humanos denuncian continuos episodios de intimidación y hostigamiento. Durante el año 2010 siguieron las amenazas de muerte y los allanamientos de hogares y oficinas de quienes buscan la verdad, la justicia y la reconciliación para las víctimas de la dictadura militar que gobernó el país hasta 1983.
Los/as defensores/as operan en Brasil en defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, entre los que se incluyen la promoción de la reforma agraria (con un particular acento en el derecho a la tierra de los trabajadores rurales), los derechos de los indígenas, los derechos de los/las afrodescendientes o quilombolas, los derechos de personas LGBTI y los derechos de los trabajadores, al igual que los derechos civiles y políticos y el monitoreo e información sobre abusos contra los derechos humanos y la corrupción. La violencia policial y la falta de rendición de cuentas siguen siendo grandes problemas para la sociedad brasileña. Es de destacarse que el Programa Nacional de Protección de defensores/as de los derechos humanos de Brasil ofrece un abordaje holístico hacia la protección de los/as DDH e incluye apoyo psicológico. Sin embargo, debido a la extensión del país y de los recursos limitados con los que cuenta el programa mencionado se complica la adecuada provisión de apoyo a los/as defensores/as en riesgo, que en el 2010 funcionó en seis estados.
América fue nuevamente la región con mayor incidencia de asesinatos de DDH, denunciados en Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y México. Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo donde defender los derechos humanos. Pese a la existencia de una comunidad de derechos humanos fuerte, el legado de violencia ha continuado en la nueva presidencia de Juan Manuel Santos, quien asumió su cargo en el mes de agosto. Los asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas de muerte, allanamientos de oficinas y estigmatización y criminalización de DDH continúan en paralelo con la impunidad que disfrutan los perpetradores. En un período de cuatro meses se denunciaron treinta asesinatos de DDH. Valga para ilustrar los riesgos cotidianos que enfrentas los/as DDH el caso de David Rabelo Crespo, de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, quien fue arrestado el 14 de septiembre de 2010 en Barrancabermeja y permanece detenido por acusaciones fabricadas de conspiración para la comisión de un delito y homicidio agravado, y tanto él como su familia siguen recibiendo amenazas de muerte.
El asesinato de defensores/as de los derechos humanos también constituyó un problema serio en México, donde han sufrido intimidación y hostigamiento de actores estatales y no estatales. La inseguridad generalizada, la impunidad y la violencia, asociadas a la actividad del crimen organizado y el narcotráfico dan como resultado que DDH operan en condiciones extremadamente peligrosas, especialmente en Chihuahua, Guerrero y Chiapas. En abril de 2010, Bety Cariño fue asesinada, junto a un observador internacional, en un violento ataque paramilitar contra una caravana solidaria pacífica. La violencia de género y el femicidio aumentaron de forma alarmante en el estado de Chihuahua, y representan uno de los principales riesgos que corren las defensoras de los derechos de la mujer en la región. El año 2010 comenzó con el asesinato, en el mes de enero, de Josefina Reyes, muerta por oponerse a los abusos del ejército, y cerró con otro asesinato, el de Marisela Escobedo Ortiz, también defensora de los derechos de la mujer, asesinada en diciembre cuando llevaba a cabo una vigilia pacífica manifestándose contra la libertad del asesino de su hija. Después de estas muertes, varios familiares de ambas defensoras también fueron asesinados. La respuesta de las autoridades es sistemática: “la presencia del ejército es necesaria debido a los carteles de tráfico de drogas en la región.”
La merma en el número de ataques contra defensores/as en Guatemala, que había alcanzado un pico en el año 2009, constituye una buena noticia. Pese a esto, el ambiente permanece siendo de alto riesgo, y defensores/as operan temerosos de las represalias. Front Line ha denunciado intentos de asesinato, amenazas de muerte e intrusiones en los hogares de los/as DDH.
En Ecuador, defensores y defensoras de los derechos humanos denuncian la continua represión de parte del estado, especialmente contra activistas ambientales. En el 2010 se conocieron denuncias de DDH criminalizados, desacreditados, encarcelados y asesinados. En este contexto, es casi una paradoja que la Constitución del 2008 disponga “el derecho a resistir acciones u omisiones de las autoridades públicas, personas y organizaciones que amenazan los derechos constitucionales de las personas”.
En Honduras, defensores/as de los derechos humanos, organizaciones y partidos políticos unen fuerzas y se oponer al gobierno de facto en un movimiento bajo el título Frente Nacional de Resistencia. El 2010 fue otro año violento, por lo que Front Line debió publicar llamados urgentes sobre tres casos distintos de asesinato de DDH, como así también ante otros intentos de homicidio y amenazas de de muerte contra grupos e individuos. Los/as defensores/as de los derechos humanos de personas LGBTI también son blanco de amenazas, espionaje, secuestros, intimidación y homicidios, y son víctimas de doble discriminación: por ser defensores de los derechos humanos y porque defienden los derechos de personas LGTI. Corren particular riesgo quienes promueven el desarrollo sustentable y los derechos ambientales en Honduras, como es el caso del Movimiento Ambientalista de Olancho.
URGENT CASES
2012/05/17
2012/05/15
2012/05/9
2012/05/3
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NOTICIAS
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ENLACES
- Associacion pro Derechos Humanos (APRODEH) (Peru)
- Centro de Accion Legal en Derechos Humanos (CALDH) (Guatemala)
- Centro de Derechos Humanos (Mexico)
- Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) (Chile)
- Conselho Indigenista Missionario (CIMI) (Brazil)
- Fundacion de Avuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) (Chile)
- Fundacion Regional de Asesoria en Derechos Humanos (INREDH) (Ecuador)
- Gabinete de Assessoria Jurídica ás Organizações Populares (GAJOP) (Brazil)
- Grupo Tortura Nunca Mais RJ (Brazil)
- Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA) (Colombia)
- Justica Global (Brazil)
- Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH)
- Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) (Brazil)
- Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) (Brazil)
- Coalition Nationale pour les Droits des Haitiens
- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) (Argentina)
- American-Arab Anti Discrimination Committee (USA)
- Coalition of Immokalee Workers (USA)
- Jackson Advocate (USA)
- Kensington Welfare Rights Union (USA)
- Lynne Stewart (USA)
